TIJUANA BC 9 DE AGOSTO DE 2010.- La juez veracruzana que por exhorto atiende el caso de los policías de Tijuana detenidos por presumible relación con el crimen organizado, dictó el auto de formal prisión en contra del agente ministerial Francisco Alonso Rodríguez Pacheco y de otro policía, no identificado ante AFN.Los dos, según se dijo, no solicitaron la ampliación del término legal de las 72 horas para la presentación de pruebas en su favor, ya que afirmaron ser inocentes y por lo tanto no deseaban permanecer más tiempo en prisión, por lo que la juzgadora falló en sus casos y los declaró presos.
Informes proporcionados a Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana indican que la juez decidió mantenerlos detenidos, bajo la acusación de delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Por lo que se pudo conocer, un delincuente convertido en “testigo protegido” afirmó que supuestamente, todos los detenidos en el “mega-operativo” del pasado 29 de julio, servían a José Rafael Méndez Gutiérrez, el “Güero Tacos” a través de un ex policía municipal identificado como Gamaliel López López, quien se encuentra detenido en una prisión del estado de Nayarit.
Rodríguez Pacheco, de la Unidad Orgánica de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante la presentación de los policías detenidos, en la Base Aérea Militar del fraccionamiento 70-76 en Tijuana, gritó fuera de si: “Chinga tu ma… De la Rosa… Chinga tu Ma…!
Y de igual forma reclamó al Procurador estatal, Rommel Moreno Manjarrez, quien en ese momento se encontraba presidiendo la rueda de prensa y detención de detenidos, junto con el General Alfonso Duarte Múgica, Comandante de la Segunda Zona Militar. Al fiscal estatal le espetó: ¡Yo fui fiel Rommel, fui fiel hasta el final!
Abogados de los detenidos en Veracruz se han quejado de que no se les permitió la entrada al lugar donde les fueron tomadas sus declaraciones preparatorias a sus representados, por lo que no pudieron apoyarlos, lo cual aseguraron que es otra violación más a sus derechos y garantías constitucionales.
Afirmaron que pese a que la Ley le concede al detenido el derecho a nombrar un abogado, se les adjudicó uno “de oficio” como si no hubiesen tenido a nadie que los representara.
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