LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: DIP. CLAUDIA AGATÓN

DIP. CLAUDIA AGATÓN PRESENTARÁ LA INICIATIVA EN LA PRÓXIMA SESIÓN

Se tiene que reconocer que en la sociedad y particularmente dentro del gobierno se enfrenta un peligroso cáncer: La corrupción. Este fenómeno ha establecido una fuerte red de complicidades y conductas que deterioran a la sociedad ya que por generaciones se ha aceptado a la corrupción como un mal necesario e inevitable.
De tal forma que la corrupción tiene que ser combatida para que los propios valores de la sociedad se restablezcan y para evitar un mayor desgaste y descomposición de las instituciones públicas. La corrupción corrompe a las personas, pudre a las instituciones y desintegra a la sociedad, por eso debemos combatirla y erradicarla.
Encuestas internacionales y nacionales recientes muestran la percepción que tienen la mayoría de los ciudadanos acerca del grado de corrupción que impera en las instituciones públicas. Así mismo, es un hecho, que la impunidad ha provocado que muy poco se haya hecho para sancionar con severidad a quienes exigen pagos extra legales a empresarios e inversionistas y a los que se han dedicado a saquear el dinero publico.
La sociedad en términos generales ha perdido la capacidad de asombro ante descubrimientos de peculados, fraudes, tráfico de influencias, nepotismo y abuso de poder. Ya que se percibe que por argucias legales los corruptos y los corruptores no serán sancionados
Por tal motivo en el PT, conscientes de la importancia que tiene la recuperación de la credibilidad del Gobierno y sus instituciones, he procedido a preparar una iniciativa de Ley, que busca atacar las verdaderas causas de este problema, tipificar los diferentes actos de corrupción, así como para sancionar severamente a quienes lo cometan
Tenemos que entender que la corrupción es un problema estructural de la sociedad, una de las causas más importantes es la pasividad del Estado y de sus ciudadanos en tolerar y no condenar a los individuos que se separaron de los patrones legales y morales. Y la inacción de los órganos de procuración de justicia, de los engorrosos trámites de procedencia para procesar a servidores públicos de elección popular, así como los criterios de jueces para impartir justicia y sancionar a los corruptos.
Mediante esta iniciativa pretendemos conjuntar sanciones y tipificaciones de delitos patrimoniales y faltas administrativas del código penal, ley de bienes patrimoniales y ley de responsabilidades de los servidores públicos, en esta nueva ley de combate a la corrupción. Elevando las sanciones y estableciendo que la inhabilitación no sea temporal sino definitiva, cuando se demuestre que se actuó desde la función pública con fines corruptos.
Pretendemos crear una Fiscalía especial en la Procuraduría que funcione de manera expedita y efectiva ante las denuncias o presunciones de corrupción y proponemos también crear el Consejo Ciudadano Contra la Corrupción, integrado totalmente por ciudadanos, los cuales sean designados en consenso por distintas agrupaciones empresariales, académicas y profesionales del derecho de la transparencia y de los derechos humanos.
Se establecen igualmente mecanismos de mayor transparencia de los recursos públicos otorgados a dependencias públicas y a fideicomisos y patronatos. Más allá del Peculado, vamos a castigar a quienes incurran en cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias y de información y de los demás delitos contra la función pública.
Podemos decir categóricamente que nuestra propuesta pretende crear un instrumento legal, que permita romper el lazo de acuerdos no escritos, de códigos de silencio y de complicidades que se dan entre corruptos y corruptores, por tal motivo también se señalan castigos a los particulares que sugieran la corrupción o que acepten acuerdos por encima de la ley.
Esperemos contar con el apoyo de la mayoría de los diputados y del ejecutivo para que esta iniciativa de ley prospere y posteriormente presentaremos iniciativas e reformas a la constitución para que los Síndicos Procuradores y el titular de la Contraloría General del Estado, sean designados por los cabildos y el Poder Legislativo, a propuesta de la mayor minoría política, distinta a quien detente el ejecutivo, para generar verdaderos contrapesos y logara una mejor vigilancia de la función pública y del correcto gasto del dinero público.

Dip. Claudia agatón Muñiz.