El Pleno del Congreso del Estado acordó enviar un exhorto al Gobernador del Estado, a efecto de que la Contraloría revise el procedimiento de inscripción seguido por el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Tecate, en relación con registro del lote 1 de la manzana 38 de la Colonia Rincón Tecate, de esa municipalidad, enviado por el INPRODEUR, y de resultar alguna responsabilidad, imponga la sanción correspondiente.
Lo anterior fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de la XX Legislatura, en base a un Punto de Acuerdo que presentó el Diputado Francisco Javier Sánchez Corona, quien explicó que como resultado de una mala actuación de Arturo Becerra Ortiz, quien fungiera como Director General del Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano (Inprodeur), en el XIX Ayuntamiento de Tecate, dos personas se disputan el citado lote.
El Diputado solicitó que esta Soberanía envíe además el presente Acuerdo al Síndico Procurador del Municipio de Tecate, en vía de denuncia, para que se investigue el procedimiento empleado y la actuación del mencionado Arturo Becerra Ortiz, en relación con el proceso de adjudicación del lote en mención, e informe al Congreso del Estado el resultado de la investigación.
Sánchez Corona dijo que la posesionaria original del terreno fue la señora Casimira Samaniego García, quien cedió los derechos en la década de los 90¨s al señor Ignacio Pelayo Chávez, quien exhibió los correspondientes recibos de pago de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate desde el año 2007.
Por su parte, la señora Dolores Ríos Torres contrató la compra de un terreno en la colonia Rincón Tecate y le fue asignado el lote número 24 de la manzana 38, pero cuando solicitó a INPRODEUR la regularización, el funcionario le asignó el lote uno.
Al llegar a tomar posesión del terreno, los funcionarios de INPRODEUR se encontraron con que este se encontraba en posesión de Ignacio Pelayo Torres, por lo que la señora Ríos Torres lo acuso de despojo y la demanda fue aceptada por el agente del ministerio público, a pesar de que sus recibos amparaban el lote 24 de la fracción 38 y no el lote uno, lo que, a juicio del Diputado Sánchez Corona, constituye una cadena de actuaciones que ponen al descubierto la falta de profesionalismo y honestidad por parte de los funcionarios en quienes debería confiar la ciudadanía.
Ante esta situación, el Diputado Sánchez Corona expuso que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado dispone que todo servidor público “debe desempeñar su función, observando siempre los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, actuando dentro del orden jurídico”.
Para rematar acotó: “lo que vemos no siempre se cumple, pues los funcionarios públicos, acostumbrados hasta ahora al manejo opaco de su función, sin la molestia de ser escudriñados en sus acciones, actúan fuera del marco legal, porque creen que su conducta no será sancionada”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario